torre guillNo se moverá una piedra histórica en la ciudad y su término, escrito sea de forma literal, sin que se pronuncien sus miembros. Y aunque sus veredictos no sean vinculantes, la variedad de sus integrantes aconsejará a muchos gestores públicos tener en cuenta lo que dictamine el nuevo Consejo Sectorial de Patrimonio del municipio de Murcia, un órgano cuyo reglamento ultiman estos días los grupos políticos en el Consistorio.

El nuevo consejo es una institución que, según el borrador de reglamento, tendrá que ser tenido en cuenta en todos los asuntos que afecten, de forma directa o indirecta, al patrimonio, a los bienes catalogados por las distintas leyes y a «aquellos otros que puedan ir aflorando en un futuro, además de los bienes culturales de tipo inmaterial y etnográfico».

La puesta en marcha de este organismo se remonta al Pleno del 25 de mayo del año pasado, cuando los grupos acordaron su creación, como recoge el borrador, «para la protección y defensa del patrimonio cultural, así como […] para participar en expedientes que afecten al patrimonio y bienes culturales de todo el municipio». ¿Y eso cómo afecta a los proyectos en la práctica?

Informes no vinculantes

La opinión del consejo no será vinculante pues «pretende ser un órgano de participación, consulta y asesoramiento». Sin embargo, el equipo de gobierno sí estará obligado a consultarle. El borrador establece para los grupos de trabajo que se formen en esta institución que «sus informes y propuestas serán preceptivos, pero no tendrán carácter vinculante». Una vez aprobado el reglamento, como exigen los grupos de la oposición, las iniciativas relacionadas con el patrimonio serán sancionadas por el consejo. Entre ellas figuran las relacionadas con la puesta en valor del río Segura, la restauración del Puente Viejo y las acciones sobre el yacimiento de San Esteban.

El consejo estará presidido por el alcalde y contará como vocales con un representante de cada grupo político y de la Universidad de Murcia, el director general de Bienes Culturales, los cronistas oficiales, el arquitecto municipal y miembros de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas que estén relacionadas con el objeto de las atribuciones que se otorgan a esta institución. A ellos se sumarán miembros de las asociaciones empresariales, de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Cultural -auténtica impulsora de esta iniciativa-, del Colegio de Administradores de Fincas y otras personalidades de prestigio, «con voz y sin voto». Todos se reunirán con una periodicidad trimestral o cuando lo solicite un tercio de sus componentes.

Para expresión y denuncia

El borrador del reglamento del nuevo consejo le reserva 16 funciones, entre las que se incluye «servir de cauce para la expresión y denuncia de las situaciones de daño, o grave riesgo acreditado de daño al patrimonio», además de establecer que podrá «notificar a la Administración cualquier amenaza, daño o perturbación de estos bienes». El texto, que se debatirá esta mañana entre los grupos municipales, establece que el consejo analizará «la situación del bien catalogado o protegido o digno de protección […] y proponer e impulsar iniciativas, sin carácter vinculante, para el fomento de su resguardo de forma sostenible».

El consejo también tendrá entre sus atribuciones el conocer todas aquellas «políticas municipales en materia de patrimonio», además de las que impulse la Comunidad y «cualquier otro organismo o entidad, público o privado, con incidencia relevante en los bienes catalogados, protegidos o que se puedan proteger en el futuro».

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