El presidente regional, Fernando López Miras, advirtió de que el Mar Menor «se degrada cada día y será cuestión de semanas» que vuelva a ser una «sopa verde» si el Gobierno central no actúa. Además, negó este viernes que haya autorizaciones autonómicas pendientes para frenar los vertidos de la rambla del Albujón a la laguna.

En declaraciones a los periodistas durante la inauguración del nuevo parque de bomberos de Alhama de Murcia, el jefe del Ejecutivo autonómico aseguró que «no es verdad» que queden trámites de la comunidad autónoma para que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) pueda actuar en los vertidos de la rambla del Albujón, como afirmó su presidente, Mario Urrea. También insistió en que todas las competencias sobre esa rambla, por la que entran cada día 6 toneladas de nitratos al Mar Menor, son del Estado a través del Ministerio de Transición Ecológica.

«Basta ya de echar balones fuera, porque nadie lo entiende», subrayó. López Miras recordó que el Consejo de Gobierno aprobó precisamente este jueves presentar un requerimiento oficial ante el Ministerio, que será previo a emprender «medidas judiciales».

Solo se retirará el ‘pin parental’ si lo exige la justicia

Fernando López Miras también insistió este viernes en que la Consejería de Educación no retirará el ‘pin parental’ a menos que así se lo exijan las «instancias judiciales». Miras defendió que sobre esta medida ya se tomó una decisión, que es «legal», porque cuenta con informes favorables tanto de los servicios jurídicos de la Consejería como de la inspección educativa.

El Ministerio de Educación dio un plazo de un mes, que expira este 17 de febrero, para retirar esas autorizaciones. De lo contrario, anunció que acudiría a los tribunales. «Si las instancias judiciales nos dicen que hagamos otra cosa, lo haremos, pero no lo haremos porque nos lo diga un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres», ha dicho durante la inauguración de un parque de bomberos en Alhama de Murcia.

Preguntado por los periodistas, ha retirado que «evidentemente» tendrá que ser un juez el que ordene la retirada de esa medida, impuesta por Vox para apoyar, primero, su investidura como presidente autonómico y, más tarde, los presupuestos regionales.

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